Tal y como ha confirmado el líder de VOX en Cataluña en su cuenta de Twitter, Ignacio Garriga, VOX ha decidido presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los principales líderes del 1 de octubre.
En la querella se indica el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá y el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, habrían creado un fondo público con 10 millones de euros para avalar a los 34 implicados por el procés.
Por ello, VOX ha señalado que los tres responsables habrían cometido un delito, por un lado, de prevaricación y, por otro, de malversación de caudales públicos.
Hace apenas unas semanas, el líder de VOX en Cataluña, Ignacio Garriga, acusó al separatismo de utilizar las instituciones en beneficio propio y no para salvaguardar la seguridad, la economía y el bienestar de todos los catalanes: "Han robado millones a todos los catalanes, pero las élites siguen obcecadas en insistir en el relato lacrimógeno de concordia y convivencia".
El Govern de la Generalitat aprobó un fondo de 10 millones de euros para la cobertura de reclamaciones judiciales. A dicho fondo se podrán acoger los exaltos cargos de la Generalitat afectados por los procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas.
El Consejero de economía, Jaume Giró, expresó que el mecanismo no implica cometer ningún delito de malversación. Del mismo modo, señaló que el fondo cuenta con todas las garantías jurídicas. Según Giró, “no estamos dando 10 millones de euros a nadie. Estamos creando un sistema de aval y contraaval”.
Asimismo, el consejero apuntó a que “no hay desplazamiento de dinero de la Generalitat en ningún momento, hasta que haya una sentencia en firme en contra y no se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales.
La Generalitat explicó que todos los trabajadores de Administración que crean que se pueden acoger a este fondo tienen que presentar una solicitud delante del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Después de comprobar los datos dará un contraaval a una entidad financiera, que se desconoce cual es, será la que finalmente aporte el dinero ante el Tribunal de Cuentas.