VOX continúa su frente judicial: recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de la infancia y la discapacidad

La formación de Abascal considera que estas leyes "vulneran derechos fundamentales"

La formación de Abascal considera que estas leyes "vulneran derechos fundamentales"

Macarena Olona presentando el recurso de incostitucionalidad.

Imagen: VOX

VOX ha presentado este martes dos nuevos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y continúa así con la batalla judicial frente al recorte de libertades del Gobierno Sánchez. Por lo que recurre la ley de la infancia, que ellos denominan Ley Herodes y también recurren la ley de discapacidad.

 

En el primer caso, la ley de la infancia, el recurso de VOX denuncia cómo inserto dentro del Título III “Sensibilización, prevención y detección precoz” se señala que “los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, (…) una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma”.

 

Esta recepción obligatoria y transversal supone sin duda, a juicio del partido de Abascal, que el legislador orgánico incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos. “El Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores”.

 

Tras recordar que la Constitución reconoce la necesidad de orientar la enseñanza “hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” y con respeto a las convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas de los progenitores, VOX subraya la necesaria “neutralidad ideológica” del Estado, “de manera que la educación sirva a la transmisión de conocimientos y no al adoctrinamiento estatal en una determinada ideología partidista”.

 

Además, y en relación con la llamada “parentalidad positiva”, la LO 8/2021 dispone (artículo 3b y 26) la importancia de “dotar a las familias de herramientas de parentalidad positiva”. (“Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva. A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento… En particular, se promoverá la corresponsabilidad y el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación con enfoque inclusivo…”).

 

Ya en el artículo 27 -bajo la rúbrica de “Actuaciones específicas en el ámbito familiar”- se señala que “las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva … y elaborarán y/o difundirán materiales formativos … dirigidos al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales o tutelares … con contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y adolescentes”.

 

A juicio de VOX, “estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos”. Y, lo que es más, con esta ley se convierte a la familia “en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando, en su caso, datos concretos sobre la vida familiar de las personas. Y este escrutinio se orienta a imponer lo que el legislador denomina ‘parentalidad positiva’”.

 

Por lo que respecta a la Disposición final segunda, que señala que “no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos”, VOX considera que se produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Ley de Discapacidad

El partido presidido por Santiago Abascal denuncia, en primer lugar, que las reformas contempladas en la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, e impugnadas por VOX “nada tienen que ver con el enunciado de dicha Ley y, menos aún, con la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

 

Se trata -denuncia VOX- de una modificación del Código Civil que el legislador introduce valiéndose de una reforma normativa que persigue el apoyo a las personas con discapacidad” sin recoger razonamiento alguno que justifique la introducción de las modificaciones.

 

Así, VOX denuncia que la nueva norma anule todo “régimen de visita o estancia respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género”; una medida que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).

 

“El deber que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad no admite períodos de “vacatio”, en los que el interés del menor puede sufrir las consecuencias de una decisión automatizada y genérica que prescinde de las circunstancias que, en particular, le afectan. En ningún caso, puede considerarse admisible el desamparo de un menor, sólo porque cabe la posibilidad de que no se prolongue en exceso en el tiempo”, señala VOX.

 

Del mismo modo, el partido de Abascal denuncia la “privación automática y por efecto de la ley, de la facultad que corresponde al progenitor de poder participar en la toma de decisiones que le incumben en el ejercicio de la patria potestad cuya titularidad le pertenece y sin resolución judicial que le limite o prive de las facultades que le conciernen”. En resumen: con estas dos nuevas normas se da un paso más en el recorte de libertades iniciado por el Gobierno Sánchez que afecta, en este caso, a ámbitos tan sensibles como la educación de los niños y el derecho de un padre a ejercer como tal con la presunción de inocencia que la Constitución española reconoce.

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