Una de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea es poder acceder a sus mecanismos de solidaridad financiera. En esta época de Covid 19 ha sido especialmente relevante el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo y la aprobación del Fondo de recuperación. Ambos instrumentos tienen por finalidad la articulación de medidas que lleven a los estados miembros hacia el crecimiento económico, pero Sánchez los ha utilizado para presentar unos presupuestos en los que se dispara el déficit hasta el 11% del PIB.
La maquinaria de despilfarro del gobierno necesita de financiación y para lograrla, se solicitó a Bruselas mediante la Ministra Calviño un adelanto de 9.000 millones a cuenta de las subvenciones por Covid 19, que fueron entregados a España. Poco después, el gobierno destinatario de los fondos, en lugar de remitir a la Comisión Europea un documento con las reformas estructurales concretas que pidió Bruselas, anuncia a bombo y platillo un bono para que los jóvenes se compren videojuegos. Esto, además de ser técnicamente muy discutible, es una imprudencia. Es necesario tener siempre presente que los fondos son aportados por los países miembros que los aprueban, no para que se gasten sin control, sino para que se cumplan los objetivos de reforma que se fijan para cada Estado. En concreto en España los puntos requeridos, se refieren a las pensiones y al mercado laboral. En vista de que el gobierno español sólo respondió con vaguedades, han insistido en que, para recibir el importe restante, es necesario que se entregue un calendario con fechas e hitos concretos. La cuestión es que todavía no se ha firmado con España ese "operational arrangement" término técnico con el que se han denominado estos acuerdos de reformas con los países receptores de fondos y que además de firmarse, deben hacerse públicos para dar total transparencia al procedimiento, mientras que el gobierno español ha comunicado su negativa a publicarlo.
Su puesta en práctica pueda ser objeto de una posterior auditoria
Un elemento importante para que se aprueben estos acuerdos, es que el plan de reformas se formule con mucho detalle en cuanto a la ejecución, para que su puesta en práctica pueda ser objeto de una posterior auditoria mediante la aplicación de criterios objetivos. De esto depende la segunda entrega de fondos por importe de alrededor de 10.000 millones de euros, que debe producirse antes de fin de año, pero ya hay países que han mostrado su reticencia hasta no ver cumplidos los requisitos de reforma. El Reglamento europeo que rige el mecanismo de recuperación señala que: "los estados miembros y la Comisión deben acordar un operational arrangement, que establezca las disposiciones para el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia" en el acuerdo debe aparecer la información que el gobierno debe remitir a la Comisión europea, que cada semestre evaluará tanto la ejecución de inversiones como el avance de las reformas estructurales. Esta vez, ninguna Ley Celaá puede salvar a Sánchez del tribunal examinador.