El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un paquete de ayudas para tratar de suavizar el aumento del precio de la energía, para ello la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado un cheque de calefacción por un valor de 90 euros para asegurar la mejoría del apartado térmico durante el invierno. Además, también se pondrá en marcha un aumento de la cobertura incluida a estas familias en el bono social eléctrico y térmico ya que se elevará el descuento en el recibo hasta el 70%.
La primera de las medidas no perjudicará en gastos al Ejecutivo ya que estará financiada directamente por las grandes empresas comerciales sobre las que recae la obligación de suministro a los consumidores vulnerables. La bajada del recibo pasará del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos, lo que beneficiará a 1,2 millones de consumidores. La medida está vigente hasta marzo del 22 cuando el ejecutivo espera que los precios energéticos vuelvan a situarse en los niveles previos al verano. La segunda de las medidas, los cheques de 90 euros, correrán a cargo del Ministerio de Transición Ecológica que lo remitirá a las comunidades que serán las encargadas de pagarlos. Algo que desde el ministerio esperan "que esté disponible en diciembre".
"Es un pago único destinado a las personas que se benefician del bono social y que también tienen derecho al bono social térmico. Como este bono lo gestionan las comunidades autónomas, desde el Ministerio se hará una transferencia a todas las comunidades para que activen el sistema de pago único. Por eso tardará unas semanas, pero estará disponible antes de final de año", ha dicho Ribera.
Se amplia el escudo social hasta el 31 de marzo
El Gobierno ha vuelto a prorrogar el escudo social hasta el 31 de marzo, por lo que quedarán prohibidos los costes de los suministros básicos, medida que se aprobó por primera vez en el primer estado de alarma.
El Ejecutivo aprueba poner mas trabas al proceso de supervisión a las eléctricas y obligando a suministrar más información al operador con la finalidad de entender mejor como se fijan los precios de la electricidad. La medida va a perjudicar, principalmente, a las grandes eléctricas con negocios integrados verticalmente tanto en generación, distribución y comercialización de luz.