Los impuestos son un robo. Y lo son porque el estado te somete a su pago de una manera coercitiva y no voluntaria, definida en su propio nombre (impuesto).
Ayer supimos que el Tribunal Constitucional ha eliminado el cálculo de la base imponible que genera la obligación tributaria al transmitir un bien inmueble, por tanto, los Ayuntamientos no podrán cobrar el impuesto sobre el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, la famosa plusvalía.
Una verdadera putada para entidades locales en toda España, sobre todo aquellos grandes municipios cuya recaudación supone un elevado porcentaje de ingresos para las arcas municipales y cuyo presupuesto ya está comprometido, incluso en gasto de corriente. Por supuesto es una putada que me alegra enormemente.
El impuesto sobre el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana es un impuesto que nació en manos socialistas el pasado siglo. Ya en 1988 se escuchaban voces en contra de este atraco plasmadas en los diarios de sesiones del congreso de los diputados.
El impuesto de plusvalía genera una obligación tributaria para aquel que trasmite una propiedad, para quien la hereda, para quien la vende etc…
En su naturaleza se grava el enriquecimiento desde el momento en que lo adquieres hasta el momento en que lo transmites, es decir, dando por hecho que siempre va a existir un incremento del valor del bien inmueble o finca que se va a transmitir. Y esto, desde su origen había ocurrido así. Si compramos una casa en el año 1.990 y la vendimos en año 2.000, el valor de la vivienda se había incrementado, es decir, existía una plusvalía, y el Ayuntamiento de turno sangraba al vendedor con un impuestazo calculado a través de unos coeficientes regulados.
Pero esa regla no se cumplió con aquellos propietarios que compraron en los años más alcistas de la llamada “burbuja inmobiliaria” y vendieron al cabo de unos años, incluso por debajo del valor por el que adquirieron sus bienes inmuebles. Me refiero a los propietarios que compraron en 2007 o 2008, por ejemplo. Tras unos años el precio de mercado se desmoronó y muchos propietarios tuvieron que vender sus propiedades asumiendo una deuda bancaria persistente tras la venta, o por el mismo precio de mercado por el que lo habían adquirido. Es decir, en ninguno de estos ejemplos existe una plusvalía (mayor valor), en algunos casos, incluso, existe una minusvalía (menos valor) del bien que se ha transmitido. Pues los Ayuntamientos siguieron sangrando a los contribuyentes porque no contaron con el precio de mercado sino con los coeficientes que estipularon para el cálculo de la base imponible y que aumentaría el valor de los bienes sistemáticamente, es decir, garantizándose así que la administración pública nunca pierda.
Esa recaudación anual por el impuesto de plusvalía ya está gastada en el ejercicio e incluida en el presupuesto general de cada Ayuntamiento
Con ese dinero muchos ayuntamientos han creado nuevas concejalías, nuevos “servicios públicos” o incluso han contratado más personal creando en ocasiones puestos adhoc para amiguetes o familiares. Y créanme, sé perfectamente de lo que les hablo dado que llevo 40 años viviendo en Fuenlabrada (Madrid).
En resumidas cuentas, esa recaudación anual por el impuesto de plusvalía, ya está gastada en el ejercicio e incluida en el presupuesto general de cada Ayuntamiento.
Desde Europa
Hace 6 años Europa nos tiró de las orejas por el robo que supone dicho impuesto, también el supremo hace dos, y ahora el Constitucional es quien declara nulo los artículos que calculan la base imponible del impuesto.
¿Encontrarán solución?
Sí, ya están en ello. Aún desconocemos la sentencia del Tribunal Constitucional pero el Ministerio de Hacienda ya se ha dispuesto a realizar un borrador de una Ley para que las entidades locales no pierdan esa parte de la rapiña fiscal, la plusvalía seguirá vigente de una u otra manera y los amantes de la libertad económica seguiremos jodidos.
Pero no se olviden del fin de todo esto…. Es por nuestro bien.