El Gobierno ha vuelto a tumbar una proposición de ley del Partido Popular para abaratar los costes del sistema y su fiscalidad. Todo esto en unas semanas en las que estamos alcanzando picos de tarificación eléctrica nunca antes vistos. La Moncloa ha subrayado en un comunicado que esta reforma planteada por Casado "es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor tanto un incremento de los créditos presupuestarios, como una disminución de los ingresos presupuestarios".
Lo que la ley proponía era establecer un IVA reducido del 10% "de forma permanente y para todos los suministros de energía eléctrica" para lo que el Gobierno afirma que habría que pedir otro permiso a Bruselas ya que es una reforma que se ha tomado de manera temporal hasta el 31 de diciembre. "Exigiría una nueva comunicación al Comité del IVA", ha sido lo defendido desde el Gobierno. El Gobierno reprocha que este trámite es "previa consulta" para los "tipo impositivo reducido a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana".
Otra de las excusas que ponen desde Moncloa para no tramitar la Ley del PP para bajar las tarifas de la electricidad es que nuestro país es uno de los mayores de Europa que tiene una mayor perdida de recaudación del IVA. España "figura tradicionalmente en los informes comparativos de la Comisión Europea, el FMI o, a nivel interno, la AIReF entre los Estados miembros que presenta un mayor 'VAT policy gap' (pérdida de recaudación del Impuesto derivada de la aplicación de tipos reducidos y exenciones)" y por último, desde presidencia aseguran que "los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos en sus estructuras tributarias ante la necesaria consolidación de las finanzas públicas".
La medida rebajaría en 490 millones de euros las facturas anuales de la luz
Terminan afirmado que esta medida supondría una recaída de ingresos de 1.780 millones de euros, y casi la mitad, concretamente un 49%, "afectaría a los presupuestos estatales, al estar cedido el resto del rendimiento a las comunidades autónomas y entidades locales".
Por último, la ley popular incluye reformar el sector eléctrico para que los sobrecostes que recaen fuera de la península, en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, se financiaran al 50% por los Presupuestos del Estado, en lugar del 25% actual. Una medida que rebajaría en 490 millones de euros las facturas anuales de la luz.