Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez han sido avalados por 242 respaldos, 12 abstenciones y ningún voto en contra. En esta votación no han participado ERC, EH Bildu y PNV, tildándolo de "teatrillo". El portavoz socialista Odón Elorza ha puesto en duda la imparcialidad del candidato propuesto por el Partido Popular, Enrique Alnardo, y ha lanzado 17 preguntas por su perfil ideológico.
El magistrado propuesto por el PP ha recordado su trayectoria educativa y profesional recordando a sus mentores y ha recordado la plaza que obtuvo de TAC (Técnico de la Administración del Estado) la oposición que superó de letrado en las Cortes en 1986, su largo paso por la Junta Electoral Central, sus libros especializados en derecho electoral y su elección como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Además, no ha olvidado su experiencia y trayectoria a nivel internacional, además de sus participaciones en charlas y ponencias. En las preguntas los diputados le han preguntados por su colaboraciones con la Fundación FAES, propiedad de Aznar. "Tengo la percepción de que le puede resultar difícil ser independiente e imparcial", ha zanjado Odín.
Edmundo Bal e Iván Espinosa de los Monteros han tildado la sesión de "teatrillo". Bal que era un pleno innecesario ya que estaba “todo el pescado vendido” y ha afirmado que los tres partidos (PSOE, PP y UP) se reparten el estado.
Por su parte el PP, en manos de su diputada Isabel Borrego, ha aceptado a los cuatro diputados, entre ellos el propuesto por su grupo parlamentario. Por otro lado, ha solicitado al resto de grupos que no “deslegitimaran” el pacto que se ha hecho conforme a la legislación actual.
El supremo intérprete de la Constitución
Como dicta el artículo 159 de la Constitución Española, desarrollado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
El proceso de renovación de los magistrados a propuesta del Congreso comienza con la presentación de los candidatos por parte de los grupos parlamentarios. Cada grupo puede proponer un máximo de cuatro candidatos que deberán cumplir los requisitos constitucionales.
Deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, y serán designados por un período de nueve años. La renovación es parcial cada tres, correspondiendo un tercio a los designados por el Congreso, otro tercio a los del Senado y el último a los nombrados a propuesta del Gobierno y del CGPJ.
El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales del Estado y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.
Tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53. 2, de la Constitución; de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.