El TC suspende cautelarmente la nueva celebración del juicio oral en la Audiencia Nacional contra Otegi y otros acusados por el 'Caso Bateragune'

El Ministerio Público argumentó que la suspensión del juicio “prolongaría la incertidumbre y por tanto la ansiedad derivada de la misma”

El Ministerio Público argumentó que la suspensión del juicio “prolongaría la incertidumbre y por tanto la ansiedad derivada de la misma”

Otegi junto a otros compañeros implicados en 'Caso Bateragune'. EH-Bildu

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, en el recurso de amparo la suspensión cautelar de la parte dispositiva de la sentencia núm. 692/2020, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ordena celebrar un nuevo juicio contra los demandantes de amparo, por un tribunal de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que esté compuesto por magistrados diferentes de quienes dictaron la sentencia por la que aquellos resultaron condenados en el año 2011.

 

Otegi y el resto de condenados en el “caso Bateragune” recurrieron en amparo ante el TC la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo anulara las condenas al apreciar falta de imparcialidad en el tribunal. Otegi alegó una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, reclamando por ello que se suspendiera el juicio hasta que el TC no dirimiese su petición de amparo que en caso de concederse impediría que fuese juzgado de nuevo, como ha ocurrido. 

No se constata que la adopción de esta medida cautelar pueda producir perturbación 

Los demandantes fundan la lesión del derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE, en el hecho, en sí mismo considerado, de que la resolución recurrida acuerda la celebración de un nuevo juicio oral. Por ello, el auto explica que la suspensión cautelar se adopta para evitar que el recurso de amparo pierda su finalidad, porque si el juicio oral se celebrara con anterioridad a la resolución del referido recurso, “su eventual estimación sería meramente ilusoria y nominal, al haberse materializado previamente el acto al que precisamente se le atribuye la potencialidad lesiva”. Por otro lado, no se constata que la adopción de esta medida cautelar pueda producir perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero.

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