En medio de las confusas y a veces contradictorias noticias que los medios de comunicación están difundiendo acerca del plan de inversiones y reformas presentado para recibir los fondos europeos de recuperación, lo mejor es acudir al texto original del Operational Arrangment firmado entre España, representada por la Ministra Montero y la Comisión Europea, que ya se encuentra en la web europea. La propuesta se hizo en junio y tras su ratificación, es ya un acuerdo vinculante. En el encabezado se lee claramente que la ayuda financiera no reembolsable por importe de 69.512 millones de euros, se entrega con el objetivo de realizar las inversiones y reformas contenidas en el acuerdo y no cualesquiera otras.
Con el fin de hacer un seguimiento adecuado, la Comisión Europea ha creado un equipo de trabajo específico que se va a encargar de solicitar a los Estados miembros información trimestral sobre la ejecución del plan y el cumplimiento de los objetivos fijados en los plazos previstos. Es decir, la forma de operar es la siguiente: El acuerdo firmado en noviembre por el Estado español, contiene una serie de objetivos que se han de cumplir en el calendario previsto y de cuyo cumplimiento se informará trimestralmente a Bruselas.
En paralelo se ha acordado un calendario de pagos para los tramos de financiación, que se irán recibiendo desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2026. Son cinco años de inversiones y reformas sometidas a la comprobación de la Comisión Europea que deberá aprobar cada parte antes de entregar el siguiente importe.
Es interesante ir revisando a qué cosas y en qué plazos nos ha comprometido Sánchez a todos sin nuestro conocimiento ni consentimiento, ya que el plan se ha mantenido en secreto hasta que ya ha entrado en vigor y lo ha publicado la Comisión Europea.
De forma general se ve que el cumplimiento de muchos hitos de inversión se atribuye a los Ayuntamientos y Comunidades autónomas, lo cual permitirá una gestión más ágil y en algunos casos mayor eficacia que si lo ejecutara el gobierno central, especialmente en infraestructuras, urbanismo y movilidad.
Entre las materias de competencia estatal, se encuentran algunas medidas que resultan alarmantes por su repercusión económica. Es preocupante la inclusión de dos capítulos concretos, uno de ellos dedicado a la reforma fiscal, que evidentemente supone subida de impuestos, cosa que será muy difícil de articular en la práctica y otro relativo a la reforma de las pensiones. Los objetivos previstos en este ámbito van en la peor línea posible, con aumento de la edad de jubilación, fondos de pensiones colectivos y ninguna previsión de transición a sistemas de capitalización. Es incomprensible que la Comisión Europea lo haya aprobado, pues de ninguna manera se puede garantizar así la sostenibilidad del sistema. Este debería haber sido el capítulo más importante y, sin embargo, se despacha con medidas que son simples parches coyunturales que en absoluto resuelven un problema crucial, al que de todas formas estamos abocados a enfrentarnos a la vuelta de una década.